Las respuestas que se están aportando desde una perspectiva internacional y por multitud de instrumentos internacionales para el entramado delictivo formado por la corrupción y la criminalidad organizada son, entre otras, la expansión del Derecho penal hacia la corrupción en el sector privado; una revisión del principio de territorialidad con la doble pretensión de, por un lado, respetar este principio y, por otro, potenciar la persecución penal de delitos a través de un espacio europeo sin fronteras -ejemplo de ello es la llamada Euro-orden-; la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas; la lucha contra los agentes públicos extranjeros 6; la protección de los que denuncien casos de corrupción; y el fomento de figuras premiales con el objetivo de que los coautores o partícipes colaboren con la justicia.